La industria del automóvil está en plena transformación. La Unión Europea establece que no se podrán vender vehículos nuevos que emitan CO2 a partir de 2035, buscando las cero emisiones y conseguir neutralidad climática en 2050. España y Francia aseguraron en el Consejo de Medio Ambiente, celebrado el pasado 21 de octubre, que continúan con el plan, pero otros países, como Alemania, Italia y algunos estados del Este, solicitaron una revisión para proporcionar una mayor flexibilidad.
El principal motivo es la preocupación sobre la competitividad en el sector automotriz y las consecuencias económicas. La Comisión Europea ha escuchado a estas naciones para adelantar la revisión al 2026, puesto que esperan conseguir un equilibrio entre los objetivos relacionados con el medio ambiente y la capacidad de producción europea.
División de opiniones para el 2035
En el Consejo de Medio Ambientese debatieron diversos temas, como el pacto oceánico, legislaciones sobre contaminación, plásticos, química y residuos. En cuanto a la automoción y emisiones de C02, España y Francia apoyan la decisión de prohibir la venta de vehículos de combustión nuevos a partir de 2035.
Ambos países reafirmaron su compromiso, y en un documento conjunto presentado al Consejo, destacaron que «el futuro de la industria automovilística europea será eléctrico», y subrayaron que «mantener el rumbo hacia los vehículos de cero emisiones en 2035 es indispensable» para alcanzar la neutralidad climática en 2050. Además, propusieron combinar esa medida con incentivos para la producción de vehículos eléctricos en Europa, como los «supercréditos» para vehículos con un alto valor añadido europeo.
Sin embargo, otros territorios con gran peso en el sector, como Alemania e Italia, cuyos fabricantes son de los más importantes, no están tan a favor de seguir este calendario. Esperan que puedan implantar fechas flexibles para poder adaptarse a los cambios y comenzar con la descarbonización y neutralidad climática que tanto se busca en Europa.
La Unión Europea debe aumentar la cuota de vehículos eléctricos para cumplir con los plazos
La diferencia de pensamientos refleja las tensiones internas dentro de la Unión Europa sobre cómo abordar el equilibrio entre legislaciones medioambientales y la capacidad industrial. Mientras que España y Francia apuestan por una rápida transición hacia la electricidad, Alemania e Italia abogan por un enfoque gradual para que sus industrias no pierdan competitividad.
La prohibición de vender vehículos que emitan CO2 a partir de 2035 no afecta a los que ya circulan, y teniendo en cuenta que aún no está claro el futuro, la transición se ralentiza porque los compradores dudan en la elección de su siguiente vehículo. Eso genera problemas de contaminación y salud pública, especialmente en las ciudades, todo un reto para la política medioambiental.
Las declaraciones de España y Francia también responden a la elaboración del Plan España Auto 2030-2035, que está muy en línea con lo expuesto a rasgos generales en el Consejo de Medio Ambiente, y que el sector en España espera que se presente en breve. En él se pretende aumentar la cuota de vehículos eléctricos, desplegar infraestructura de recarga adecuada para estos coches y mantener e incrementar el valor añadido de la industria automotriz, preservar el empleo y reforzar la autonomía estratégica de cada nación frente a cadenas globales.
Mayor producción local
Tanto España como Francia apoyan atraer inversión a largo plazo en los vehículos eléctricos, con incentivos que prioricen la fabricación de los mismos para conservar la cantidad de empleo y las cadenas de producción nacionales. Para lograr los objetivos, estas dos naciones quieren impulsar una cooperación con políticas comunes para el desarrollo tecnológico, económico y social, con la intención de ser los referentes en transporte sostenible.
También solicitan a la Unión Europea que favorezcan la fabricación de vehículos eléctricos puros para aumentar su número frente a los híbridos y los habituales de combustión. Eso se traduciría en una reducción significativa de las emisiones para cumplir con las cifras propuestas por los altos mandos europeos, además de que esperan fomentar la producción local y trabajar contra ayudas y prácticas desleales de otros países.
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